Asistencia con el pago de alquiler para inquilinos (RAFT, por su sigla en inglés)
La ciudad esta ofreciendo asistencia con el pago de alquiler para los hogares afectados durante la pandemia de COVID-19 a través del programa de Asistencia de Alquiler para Inquilinos (RAFT, por sus siglas en inglés). Los hogares elegibles deben estar dentro de la jurisdicción de la ciudad de Las Vegas y tener ingresos iguales o inferiores al 80 por ciento del ingreso medio del área.Obtenga más información sobre este programa.
Para aquellos que no viven dentro de los límites de la ciudad se les recomienda solicitar asistencia a través del Programa CARES de Asistencia para la Vivienda del Condado de Clark (CHAP, por su sigla en inglés) por sus siglas en inglés).
VIVIENDA JUSTA
El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, enmendada por el Congreso en 1988 al promulgar la Ley Federal de Vivienda Justa, prohíbe la discriminación en la provisión de vivienda y servicios relacionados con la vivienda por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo (género), estado familiar (presencia de niños menores de 18 años) y discapacidad. La ley del estado de Nevada también incluye protecciones basadas en la ascendencia, la orientación sexual y la identidad o expresión de género. Las leyes de vivienda justa se aplican a todos los tipos de vivienda y transacciones relacionadas con la vivienda, incluidos el alquiler, las ventas, los préstamos, los seguros y la publicidad. Cualquier entidad que controle la elección de vivienda, incluidas las autoridades de vivienda pública, las asociaciones de propietarios y las agencias que administran fondos de vivienda, está sujeta a las disposiciones de las leyes estatales y federales de vivienda justa.
Análisis regional de impedimentos para una vivienda justa 2020
Para preguntas sobre derechos y responsabilidades de vivienda justa o para presentar una queja por discriminación de vivienda, las siguientes agencias pueden proporcionar información y servicios de admisión de quejas. Tenga en cuenta que tiene hasta un año después del último incidente de discriminación para presentar una queja administrativa y hasta dos años para presentar un caso judicial.
Recursos